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2.22.2012

UN JUICIO Y UNA CONDENA VERGONZOSOS

Por Juan José Oppizzi


En este Febrero de 2012 el mundo ha presenciado cómo la Suprema Corte de España juzgó y condenó a una suspensión de once años al Juez Baltasar Garzón. El motivo invocado fue prevaricato, una palabra que sirvió para rechazar las escuchas ordenadas por Garzón sobre un grupo de personas encarceladas, en el marco de un caso de corrupción que involucró al Partido Popular, la neofranquista agrupación política que en este momento gobierna el país.

En realidad, la causa del juicio está centrada en otro punto, también considerado en el paquete de acusaciones: la supuesta violación de la ley de amnistía dictada tras la muerte de Francisco Franco, que impide indagar legalmente en el pasado sangriento de su régimen. Garzón había hecho lugar al pedido de algunos descendientes de víctimas de aquel período de terror para que se efectuara una investigación; las muchísimas fosas comunes detectadas, los testimonios de asesinatos masivos y la evidencia de los cientos de miles de exiliados, ameritaron que el ahora suspendido Juez considerase que aquella ley no cubría los delitos de lesa humanidad. Por su parte, el Tribunal Supremo de España opinó en contrario: es decir que, por alguna razón oculta tras argumentaciones reconciliadoras, pacificadoras y miradoras del futuro (¡Tanto sabemos los argentinos de esos argumentos hipócritas!), las trapisondas cometidas por Franco y sus verdugos no son pasibles de revisión ni –mucho menos– de condena.

Como esta cuestión tiene raíces históricas, un repasito no viene mal: a principios del siglo veinte, España estaba sumergida en una larga crisis de imperio en decadencia, que había arrancado tras la separación de las colonias de América en el siglo diecinueve. La monarquía, la nobleza y el clero católico se aferraban tenazmente al viejo orden; en tanto que crecientes movimientos sociales propugnaban el nacimiento de una república moderna. Golpes de estado, sublevaciones, derrocamientos y sucesiones de reyes, regentes y militares ocuparon el panorama peninsular hasta el año 1931, en que los republicanos triunfaron ampliamente en elecciones municipales. El último rey, Alfonso XIII, abdicó. La nueva política, encabezada por Alcalá Zamora, cambió las reglas sociales: confiscó bienes eclesiásticos, expulsó a dignatarios impertinentes, suprimió las órdenes religiosas y dio autonomía a regiones como Cataluña. 

En 1933 triunfó la derecha en las elecciones generales, lo que sirvió para intentar un retroceso en las reformas de los republicanos, pero eso provocó las sublevaciones de Asturias y Cataluña. En la represión de los rebeldes asturianos se destacó un joven militar llamado Francisco Franco, especialmente sanguinario. En 1936 hubo nuevas elecciones, esta vez ganadas por el Frente Popular (no confundir con el actual partido de gobierno), formado por socialistas y aliados de izquierda y encabezado por Manuel Azaña. El ejército de las colonias de Africa se sublevó el 17 de Julio de 1936 y un día más tarde, el de Canarias. La sublevación se tornó guerra civil. La figura en torno de la cual se aglutinaron las fuerzas fascistas fue el oscuro Francisco Franco y su facción llamada Falange. A los republicanos se les sumaron brigadas internacionales de combatientes voluntarios de ambos sexos, en su mayoría socialistas, comunistas y anarquistas, de muchas regiones del mundo –incluida la Argentina–, y el bando de Franco recibió asistencia de la Alemania de Hitler (fue célebre la mano que éste le dio con su aviación al destruir Guernica) y de la Italia de Mussolini. El 1 de abril de 1939, luego de haber muerto algo así como medio millón de personas, las tropas franquistas entraron en Madrid. 

Ahí acabó la guerra civil y arrancó la pesadilla interna. Franco, autodenominado caudillo y Generalísimo (porque General no le alcanzaba), principió a hacer de España lo que después ella fue durante cuarenta años: una oscura aldea conventual, ubicada varias centurias atrás de la cronología histórica europea. De hecho, otro medio millón de españoles murió en el proceso de venganza que siguió al encumbramiento del opaco jefe. En esa matanza debemos contabilizar las miles de personas de todas las edades que atravesaban la frontera de los Pirineos y que el inclasificable presidente francés León Blum (supuestamente socialista, aunque hay razones para dudarlo) le devolvía a los falangistas, sin escrúpulo alguno. 

No es inoportuno mencionar que el proceso de atontamiento forzoso que Franco aplicó a España contó con la inestimable colaboración de un organismo católico muy conocido: el Opus Dei. Josemaría Escrivá de Balaguer, su fundador en 1928 y su director en la época franquista, halló el mejor terreno del mundo para desarrollar sus fanáticas ideas medievales, y lo hizo de tal forma que algunos de los propios círculos de la dictadura llegaron a alarmarse y a quitarle poder (anotemos como dato valioso que este sombrío personaje fue canonizado, junto a varios de sus colaboradores, por uno de los papas más reaccionarios de los tiempos modernos: Karol Wojtyla). Europa estaba, en 1939, ya enzarzada en los tentáculos de la Segunda Guerra mundial; por lo tanto, la península ibérica se mantuvo fuera de los ojos internacionales por varios años. España, y también Portugal, quedaron en poder de un fascismo silencioso, ajeno a los movimientos expansionistas de sus delirantes colegas de Alemania e Italia. Franco y su mellizo ideológico portugués, Oliveira Salazar, pudieron dedicarse a conformar dos países oligofrénicos, sin interferencia alguna.

Cuando el mediocre hombre de El Ferrol murió, en 1975 (con un discurso de despedida según el cual había sido más bueno que San Francisco de Asís), le dejó a España cuatro legados: un quince por ciento menos de habitantes, un monumento de proporciones faraónicas llamado “El valle de los caídos” (en donde el caudillo se hizo enterrar, en una basílica cuya nave principal debió ser reducida en tamaño, porque era mayor que la de San Pedro vaticana), una colección de nobles acrecida en número y en poder, y un rey de mentón robusto y dicción e intención –luego convenientemente corregidas– poco claras.

La clase política española se apresuró a dictar la ley de amnistía que ahora le costó a Baltasar Garzón su cargo de Juez. Los considerandos de ésta hablaron de “olvido del pasado”, “reconciliación”, “construcción de una nueva España”, etc., fórmulas tan insinceras como sus mentores. Lo que realmente se buscó fue un lavado de cara para los que habían medrado bajo la sombra del caudillo y que, en el posfranquismo, tomaban las riendas del poder. Un silencio de hierro se abatió sobre el pasado español, como si el millón de muertos del período 1936-1939, las persecuciones, las torturas, las delaciones, las difamaciones, la anulación de todo criterio libre, el sometimiento a los ridículos preceptos fósiles del gobierno, simplemente no hubieran existido. Administraciones sucesivas de distinto signo estuvieron de acuerdo en ese pacto, que de manera oficial se conoció como “Pactos de la Moncloa”, y fue alabado como un ejemplo de lo que era “mirar hacia delante” y “superar los enconos”. 

Sin embargo, los franquistas más extremos consideraron que aun esa débil y no muy segura llama de la libertad era una afrenta a la memoria del Generalísimo; entonces, en un día de sesiones parlamentarias del año 1981, un General, Tejero, irrumpió revolver en mano, al frente de un grupo de sediciosos, y ocupó la sede legislativa, en tanto que en varios puntos del país se producía un intento de copamiento militar. El rey optó por apoyar al bando de los legalistas, aunque los corrillos se disputaron la duda acerca de si lo hizo por vocación democrática o porque evaluó que ese sector contaba con mayores posibilidades de ganar la pulseada (al fin y al cabo, el propio Franco lo había nombrado monarca con derecho a sucederlo en el mando). Por supuesto que la versión predominante luego fue la primera. 

Después de esa resbalada, la propaganda posfranquista se desgañitó diciendo que la represión a Tejero y sus cómplices había sido el mejor ejemplo de la vocación democrática definitiva de toda España. Pero el pasado quedó bajo candados más grandes y a nadie se le ocurrió volver sobre el tema de fosas encontradas, testimonios de matanzas o cosas de igual índole quemante.

Fue Baltasar Garzón el primero en animarse a descorrer el velo. Por eso, su condena debe llenar de indignación a todos los partidarios de la libertad y de la justicia.